Por Eduardo Ruette / @eruette
En el año 2016, cuando empezó la gestión de la Asamblea
Nacional, previo hubo una acción del Tribunal Supremo de Justicia, que de
inmediato desencajó la lucha iniciada. Fueron anulados tres diputados del
estado Amazonas y desde entonces se inició un ataque sistemático contra el
Parlamento. Esto evitó que los diputados pudieran dar respuestas a los
venezolanos.
El asedio desde Miraflores y el Poder Judicial fue implacable, al punto que la AN hoy está fuera del Palacio Federal Legislativo y prácticamente desmantelada. Un importante número de diputados se ha tenido que ir al exilio, otros fueron apresados y el resto resiste todavía.
Para el 6 de diciembre se propone elegir un nuevo Parlamento, con unas elecciones que han sido cuestionadas y que no son apoyadas por la comunidad internacional. Aunque todo esto resulta relativo, la postura de no presentar candidatos ni asistir a ese evento tiene sentido, independientemente de que haya un costo político, de momento.
Desde la Asamblea Nacional Constituyente, ilegal en su origen, se le ha otorgado a Nicolás Maduro una ley llamada Ley Antibloqueo, que establece parámetros supra constitucionales. En la misma se expone un aspecto que ya fulmina al nuevo Parlamento. En esa ley se establece que habrá una desaplicación de normas, que obstaculicen las intenciones que se proponen desde el Ejecutivo.
Aunque es objetable, se tiene claro del carácter autoritario. La Ley Antibloqueo no solamente pone a la Constitución en un segundo plano, según sea el caso. También borra al nuevo Parlamento, al que se presentan como candidatos dirigentes que han tomado el control de las siglas de partidos políticos, desde una sentencia del TSJ.
No hay una acción política en procura del apoyo de la mayoría de los cuadros políticos de los partidos. Algunos antiguos dirigentes, que estaban muy apartados de la diatriba política, han vuelto a la palestra sin gozar de respaldo popular, sin tener gente que los apoye, salvo la medida del tribunal que es controlado por el chavismo.
Es posible que tengan una nueva Asamblea Nacional, pero desde ya inútil, sin fuerza política y sin capacidad de incidir en una solución democrática a la crisis de Venezuela.