Por Eduardo
Ruette* / @eruette
En el marco de la epidemia toca llevar
adelante una labor grande desde el punto de vista político, no sólo son las
limitaciones sociales, sino las limitaciones políticas
Venezuela ya tenía enormes dificultades
antes de la llegada del SARS-CoV2. Sus efectos son letales no sólo en la
economía, sino en la política. El confinamiento desmoviliza a la gente, a los
cuadros políticos, paraliza a los partidos y su interacción con la militancia.
La crisis económica de Venezuela, que ha
hecho pobres a 80% de los venezolanos, se ha vuelto un mal peor, una vez que la
cuarentena hace su trabajo, el de parar actividades. Las reacciones en diversos
pueblos del interior no se han hecho esperar, el malestar ha derivado en
saqueos y disturbios en las calles. Hay un muerto, varios heridos y decenas de
detenidos.
El daño al comercio también cuenta,
porque la crisis también hace difícil las inversiones, más en un contexto
crítico como el actual.
Que distinta fuese la gestión de la
cuarentena, si los partidos de la oposición tuviesen presencia y control de las
asambleas legislativas y de los concejos municipales, además de muchas
alcaldías.
Actualmente estas instancias regionales
bajo el control del PSUV, no hacen sino repetir las ordenes centrales. No existen
normas locales, adaptadas a cada realidad municipal y regional, para hacer
frente a la pandemia del Covid-19 y al mismo tiempo evitar que los efectos
económicos sean tan letales.
No hay concejos municipales discutiendo
normas, reglamentos, multas y otras decisiones en ordenanzas municipales para
regular la actividad humana en el marco del Covid-19. Tampoco lo hacen las
asambleas legislativas y mucho menos hay coordinación. Sólo esperan una
instrucción del poder central para tomar decisiones que no corresponden a la
realidad de cada municipio.
Esas son las consecuencias de abandonar
la lucha política en el plano electoral, un error que no debe cometerse nunca
más, porque ningún espacio de acción política debe entregarse. La lucha se debe
mantener en todos los terrenos posibles.
Todo el país en conjunto obedece a las
directrices que desde el poder central emanan, para por ejemplo flexibilizar la
cuarentena o no. No existe un alcalde, un concejo municipal o una legislatura
regional capaz de definir las políticas para el desenvolvimiento de la sociedad
en la pandemia y post pandemia.
Mientras no exista una vacuna, que
todavía luce tarde para llegar, a pesar que nueve grandes empresas del mundo
trabajan a todo tren para obtenerla, las relaciones sociales de todo tipo van a
estar limitadas. Se debe regular la actividad comercial, según el sector, según
el tipo de negocio, se deben crear sanciones y controles para evitar que la
mayoría rompan las reglas.
Pero cada región tiene sus
particularidades, cada municipio o pueblo tienen sus realidades y desde esa
visión debe asumirse la gestión de gobierno y legislación en el marco de la epidemia.
Lamentablemente la oposición no dispone de cuadros en estas instancias y no
puede influir en este tipo de decisiones, se está atados a una dura
centralización.
Hasta ahora Covid19 ha servido para que
las restricciones aumenten, hay una vigilancia policial y militar, cuando los
gobiernos civiles deberían estar regulando el desarrollo de la sociedad en el
marco de la infección.
Hay que seguir trabajando para cambiar
tal realidad.
(*)
Obstetra Ginecólogo / Director del Plan Salud de la GEM
